domingo, mayo 01, 2005

La Deliberada Ceguera De Uribe Y El DIH

You say you wander your own land
But when I think about it
I don't see how you can
You're aching, you're breaking
And I can see the pain in your eyes
Says everybody's changing
And I don't know why
"Everybody's Changing"
Keane

En la actualidad, nos encontramos frente a una de las encrucijadas más complejas por las que ha pasado nuestro país y que está relacionada directamente con la caótica situación de violencia que con cada instante destroza la confianza en un futuro razonable.
Los diversos factores generadores de violencia si antes tenían excusas para luchar, hoy reflejan una clara impotencia ideológica y sustentación en la realidad, ya que han degenerado prácticamente hacia sindicatos del crimen en su abrupto camino de industrialización de cuanto delito existe.
Dentro del marco teórico de la legalidad, el Estado que se encuentra inundado de herramientas legales, al punto de la exageración de lo que es el fenómeno llamado hipertrofia legislativa, nos encontramos que la mayor construcción de todas, es decir, la Constitución Política, que es un vello poema pero que no refleja las verdaderas necesidades y la realidad de la Nación. No está de más pensar en ella como una creación utópica o en un sofisma de distracción que no incluye a los verdaderos afectados por el evidente conflicto interno que el gobierno actual se empeña ciegamente en negar.
Por eso mismo es incomprensible la posición que ha tomado. Si se supone que la intención de la administración Uribe es entrar en estado de paz gracias a los diálogos en Ralito con las AUC, es sumamente contradictorio que el mismo presidente diga que Colombia no está en conflicto interno si con el diálogo lo que se está haciendo es aceptar el estado de beligerancia de dicha organización paramilitar, con lo que en los actos demuestra totalmente lo opuesto a las declaraciones oficiales. Dicha posición es posible que se deba a la importancia que están teniendo en este momento el Derecho Internacional Humanitario y por supuesto, las cortes tanto extranjeras como las internacionales en cuanto la obligación de defenderlos. Un buen ejemplo de ello es lo sucedido al exdictador chileno Augusto Pinochet Ugarte, quien luego de él mismo indultarse por medio de una Ley de perdón condenada por la comunidad internacional es pedido en extradición desde el Reino Unido a España, donde el famosísimo juez Baltasar, le conmina a ser juzgado por crímenes contra la humanidad encarnados en el asesinato de dos ciudadanos españoles en la década de los ochentas. Gracias a tal razonamiento supondríamos que el gobierno no desea aceptar una realidad política que con cada episodio trágico de violencia se sale más de las manos; pero lo que el gobierno no ha previsto es que si como el mismo presidente afirma, en Colombia solo existen agrupaciones terroristas, las AUC también pueden ser tildadas de tales y peor aún, ser juzgadas por organismos internacionales por crímenes contra la humanidad.
Por otra parte, si de algún modo, se llegara a aprobar una Ley de perdón e indulto total para las AUC, equivaldría pensar en la impunidad como un excelente negocio, ya que prácticamente se estaría legalizando las masacres, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento forzado y de paso, el menos cabo a la economía colombiana y un atentado directo a la seguridad jurídica y social.
La consecuencia de ello se está representando en que Colombia sufre una patológica transformación demográfica de tal relevancia gracias a las víctimas del desplazamiento forzado que nuestra Nación ya no es lo que solía ser o que creíamos de ella. No es de extrañar ver en esquinas, semáforos, parques y lotes baldíos la horrorosa realidad al fijarse en la mirada vacía del desplazado que extraña su hogar y que comenzó su periplo escapando de las garras de la muerte saliendo del campo hacia las periferias del pueblo más cercano y de allí a algún cinturón de miseria en las zonas subnormales de las ciudades y peor aún, dentro de las mismas ciudades trasladándose de barrio a barrio huyendo de las mismas balas que le hicieron salir corriendo del campo.
Se calcula que en la actualidad existen tres millones (3.000.000) de desplazados pero que los organismos del Estado no parecen ver, ya que según las políticas actuales la preocupación son los ocho millones de (8.000.000) pobres absolutos, pero uno no puede dejar de preguntarse si en esa pequeña estadística que dice el gobierno existe… ¿se incluye por casualidad a los desplazados en semejante estadística o es que ser desplazado significa ser del estrato cinco (5) o seis (6)? ¿Dónde quedan los principios rectores del Derecho Internacional Humanitario sobre Verdad, Justicia y Reparación?
Con cada instante que pasa, se pierde en el horizonte de la manipulación la Verdad que nunca recibirán los afectados por los diversos factores armados entre los que también deben ser incluidas algunas Instituciones Estatales; la justicia parece cada vez más lejana con tanto interés creado para favorecer los intereses de aquellos que flagrantemente violan los Derechos Humanos; y la reparación es literalmente imposible de cumplir porque nadie puede revivir los muertos ni borrar de las memorias las atrocidades cometidas y el retorno al terruño se ve sumamente complicado con aquellos campesino que ahora son parte del paisaje urbano.
Según el Gobierno Nacional, el problema de los desplazados se arregla con cuatro punto cinco billones de pesos, pero como la prioridad es en la actualidad la pobreza absoluta, se comprende que ellos no están incluidos en los planes de desarrollo social y económico que tampoco han arrancado.
Claro, lo anterior es una consecuencia que se puede comprender como demagógica, ya que la administración Uribe se excusa en la insistencia excesiva del gasto armado (y según Álvaro Uribe Vélez, no hay conflicto armado… ¿entonces para qué armarse si no existe la necesidad del combate?) y la supuesta carrera armamentista entre Colombia y Venezuela y al mismo tiempo se arguye el abrumador déficit fiscal (pero la contradicción se debe a que el gasto militar aumentó radicalmente, la burocracia aumentó lo mismo que se doblaron los salarios desde concejales hasta ministros generando no un hueco en el gasto sino un agujero negro que todo lo traga con la exclusiva finalidad de la reelección de Uribe como presidente. ¿A caso no es incostitucional hacer política desde un puesto en el Estado? Y para completar el cuadro de miseria, resulta que la corrupción aumentó en un 25%) que ya está sobrepasando el 75% del PIB. La discriminación social hacia los desplazados no viola solamente Derechos Constitucionales, al hacerse el Gobierno el ciego sobre su existencia (y que al parecer es un comportamiento totalmente deliberado), sino la violación con matices esquizoides del DIH al no existir una política seria (o por lo menos coherente, pero que no está en los planes de este Gobierno ni en el que le siga y que según las cosas parece que será el mismo) en materia de violencia en las formas de solución del conflicto que si existe, porque siendo realistas, el Estado colombiano es el mayor violador de derechos en la actualidad ante la desidia y la frialdad de sus dirigentes ante el mayor problema que aqueja a nuestra Nación.